En un esfuerzo por asegurar su liderazgo en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), Estados Unidos ha intensificado sus políticas en torno a esta tecnología en constante evolución. El camino comenzó con la Ley Nacional de Iniciativa de Inteligencia Artificial de 2020, que se convirtió en ley en 2021, estableciendo un marco integral para la supervisión y evaluación de sistemas basados en IA en el país.
Un año después, en 2022, la Casa Blanca, a través de su Oficina de Política Científica y Tecnológica, presentó el Blueprint para una Carta de Derechos de la IA. Este documento, elaborado durante un año de diálogos públicos, tiene como objetivo proteger los derechos de los ciudadanos estadounidenses frente a la automatización, estableciendo cinco principios fundamentales para la creación y gestión de sistemas de IA.
El crecimiento acelerado de tecnologías como ChatGPT, lanzada por OpenAI en noviembre de 2022, cuyo valor económico podría superar los 2.1 billones de dólares, ha suscitado preocupaciones sobre su rol dentro del sistema de justicia, dados su velocidad y capacidad de evolución. Para abordar estos desafíos, en octubre de 2023, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva que busca construir un entorno seguro y confiable para la IA. Esta orden exige que las empresas que desarrollan los sistemas más avanzados compartan sus datos de pruebas de seguridad con el gobierno, especialmente si dichos sistemas representan riesgos para la seguridad nacional o la salud pública.
El marco regulatorio antimonopolio de Estados Unidos, establecido a finales del siglo XIX principalmente a través de la Ley Sherman y la Ley Clayton, también enfrenta desafíos frente al avance rápido de la IA. Diseñadas para preservar la competencia y evitar monopolios, estas leyes necesitan adaptarse para manejar las nuevas dinámicas tecnológicas.
A nivel estatal, la Ley de IA de Colorado está abriendo camino en la regulación específica de IA. Con vigencia desde 2026, esta ley se enfoca en sistemas de alto riesgo, obligando a desarrollar salvaguardias y a compartir información crítica sobre los modelos y estrategias de mitigación de riesgos.
A pesar de los significativos progresos, Estados Unidos sigue enfrentando el reto de fomentar la innovación al tiempo que asegura salvaguardias eficaces para proteger a los consumidores y mantener la competencia. Con leyes específicas de competencia digital aún en proceso de aprobación, el camino por delante es largo. En este entorno, un enfoque multilateral y colaborativo entre los sectores público y privado será clave para establecer un marco regulatorio equitativo y efectivo para estas tecnologías emergentes.
