La Audiencia Provincial de Oviedo ha confirmado una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cangas de Onís, declarando nulo un préstamo de 27.500 euros y un contrato de tarjeta prepago virtual, ambos efectuados fraudulentamente a nombre de una cliente de un conocido banco malagueño. Este fallo surge tras un ataque cibernético que utilizó técnicas de «phishing» y «smishing», mediante las cuales los ciberdelincuentes accedieron a las claves bancarias de la víctima.
El caso se originó en abril de 2022, cuando la cliente, residente de Cangas de Onís, detectó movimientos inusuales en su cuenta tras recibir varias llamadas fraudulentas. A pesar de no haber facilitado información bancaria, los delincuentes lograron vincular un teléfono móvil que les permitió, sin restricciones, contratar un préstamo instantáneo y una tarjeta prepago. Las claves necesarias se enviaron al dispositivo vinculado, permitiendo a los atacantes acceder a los fondos de la víctima.
Íñigo Serrano, abogado del despacho Sello Legal Abogados y representante de la afectada, explicó que la sentencia subraya la responsabilidad significativa de las entidades financieras en la protección de los activos de sus clientes. El tribunal determinó que el banco no adoptó las medidas de seguridad necesarias para prevenir el fraude, lo que refleja una falta de diligencia en la supervisión de las cuentas afectadas.
La resolución judicial pone en evidencia la insuficiencia de los sistemas de autenticación del banco y su incapacidad para detectar transacciones de alto riesgo. Asimismo, el fallo ordena a la entidad bancaria restituir la cuenta de la víctima a su estado anterior al fraude y asumir las costas del proceso judicial.
Este veredicto establece un precedente relevante en el ámbito de la ciberseguridad y la defensa del consumidor financiero, enfatizando la importancia de que las instituciones financieras implanten medidas tecnológicas y de control adecuadas para prevenir estafas que afecten a sus clientes. La justicia ha dejado claro que el avance tecnológico debe ir acompañado de una protección robusta, evitando que el riesgo recaiga sobre los consumidores.
